Durante generaciones, las comunidades indígenas y, sobre todo, los grupos de no contactados o en aislamiento voluntario se han movido libremente por todo el territorio de Purús. Hasta ahora, sin problemas. Sin embargo, el proyecto de construir una carretera en la zona podría cambiar esto para siempre.

El proyecto tiene varios años. En 2005, un grupo de pobladores de Puerto Esperanza pidió al Ministerio de Transportes la aprobación para construir una vía que uniera la ciudad con el distrito de Iñapari, en Madre de Dios, proyecto que fue desestimado por el Ejecutivo. La insistencia continuó, al año siguiente, con el nuevo gobierno, quien nuevamente puso luz roja y archivó el proyecto.

A pesar de ello, en 2011, ni bien iniciado el gobierno de Ollanta Humala, el congresista de Ucayali Carlos Tubino inició la promoción de un proyecto de ley para la construcción de la carretera Puerto Esperanza - Iñapari.

Mientras tanto, las soluciones al problema del aislamiento de Puerto Esperanza han pasado por soluciones menos agresivas con el balance ecológico, la biodiversidad y el modo de vida de los nativos. Siendo una zona protegida, en 2008 se propuso un plan para establecer un puente aéreo y una conexión fluvial para conectar la ciudad con el resto del país.

La mayor parte de autoridades y pobladores de la zona, así como el AIDESEP, y federaciones indígenas como el ORAU (Ucayali) y el FENAMAD (Madre de Dios), se oponen a la carretera. El problema es que quienes la impulsan, un grupo de 800 comerciantes y ex madereros, estarían buscando obtener beneficios económicos, comprometiendo el bien común.

Se trata de un proyecto que costaría cerca de 300 millones de dólares, que viola todo tipo de reglamentos y leyes nacionales e internacionales (incluso la propia Constitución), y que causaría a todo este paraíso natural un daño irreparable.